España : Un millón de denuncias falsas por maltrato son financiadas con fondos europeos
Manuel O.N.- España tiene uno de los niveles más bajos de la ‘violencia de género’ (doméstica) del mundo y en especial con relación a los países de su entorno. La ley de violencia de género española introduce el llamado “derecho penal de autor”, propio de las dictaduras o regímenes totalitarios, y que trata penalmente de forma distinta a los hombres y a las mujeres, aplicando no sólo penas sino todo tipo de mecanismos procesales y extraprocesales distintos por razón de sexo, criminalizando al hombre de partida por el mero hecho de serlo, con efectos devastadores sobre la infancia.
En base a la Ley de violencia de género, y su desarrollo posterior en distintos protocolos de actuación en distintos ámbitos (policial, servicios sociales, asistencia jurídica a través de los colegios de abogados, etc), se asignan todo tipo de ayudas de carácter asistencial, como son la asistencia jurídica gratuita, tratamientos especiales en cuanto al cese voluntario de la supuesta víctima en su centro de trabajo, ayudas económicas, casas de acogida, etc…en gran parte financiado con los fondos europeos.
Para ello, basta con una simple denuncia, sin prueba alguna contra la pareja o ex pareja, y sin haber sido instruida causa alguna en el Juzgado, ni mucho menos haber sido condenado el hombre, ya se otorgan todas estas ayudas. El 80% de las denuncias son archivadas o sobreseídas.
Ni los juzgados ni la fiscalía, por instrucciones directas del Gobierno, actúan de oficio por un delito de denuncia falsa, por lo que no se devuelven posteriormente todas las ayudas que se fueron concediendo en base a esa denuncia. Esto hace que el propio sistema se retroalimente de manera progresiva, alentando en un ciclo perverso la interposición de denuncias falsas con fondos europeos: a más denuncias, más dinero.
Los fondos europeos por lo tanto, se asignan finalmente sin fundamento ni justificación, dado que en la mayoría de los casos, se otorgan ayudas en base a denuncias injustificadas que se archivan, generando un sistema que se retroalimenta y que viola los principios de seguridad jurídica y cualquier criterio objetivo y fundamentado de asignación de esos fondos.
Las consecuencias sobre decenas de miles de menores, hombres, familia extensa, mujeres, abuelos, son violaciones sistemáticas de derechos humanos y consecuencias graves en el desarrollo natural de los menores afectados. La magnitud del fenómeno en España es desconocida en cualquier sistema judicial de los analizados en Europa. No existe en Europa “derecho penal de autor” como hay en España recogiendo la tradición de la Unión Soviética.
La vinculación de esta maquinaria de extracción de rentas con los principales partidos políticos es evidente, y será objeto de otro informe.
Nota: todas las estadísticas hacen referencia a una fuente oficial de datos dependiente del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Instituto Nacional de Estadística (INE) y
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ninguna estadística o dato se ha elaborado desde fuentes no oficiales.
