Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, no se pronuncia sobre el papel de Francisca Granados y el resto de asesoras de Juana Rivas, a las que ha subvencionado en los cuatro últimos años con, al menos, 275.210 euros
No entregar los hijos a uno de sus progenitores incumpliendo una sentencia judicial, puede salir gratis en España. Esto es lo que presumiblemente pasará con el caso de Juana Rivas, la mujer granadina quien, tras desobedecer continuamente lo dictado por los Tribunales de Justicia, retuvo todo un mes a sus hijos, de 11 y 3 años de edad, y no se los entregó a su padre, el italiano Francesco Arcuri, residente en Italia.
Ayer martes 29 de agosto, la Fiscalía retiró el recurso presentado una semana antes contra la puesta en libertad de Juana Rivas, para la que ya no pide prisión al entender que la “situación presuntamente delictiva” de Juana Rivas había cesado, después de acatar el mandato judicial que la obligaba a devolver este pasado lunes a sus hijos al padre. Lo ocurrido todo el mes anterior parece importar poco, como tampoco las injerencias y presiones políticas que incluso han sido denunciadas por la Asociación Jueces para la Democracia. De hecho, este mismo martes, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, volvió a pronunciarse a favor de Juana Rivas. Pero, guardó un silencio más que delator sobre el papel de las asesoras, comandadas por Francisca Granados, coordinadora de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena, que declarará hoy miércoles junto a la psicóloga del Centro de la Mujer de este municipio, Teresa Sanz, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada en calidad de investigadas por su presunta intervención “bien como inductoras, bien como participes necesarios” en el delito de sustracción de menores en el que habría incurrido Juana Rivas.
Silencio cómplice de Susana Díaz y miles de euros en subvenciones
La presidenta de la Junta de Andalucía ha vuelto a posicionarse del lado de Juana Rivas. Aunque, comenzó su comparecencia señalando que “yo siempre defenderé que lo que dedica la Justicia hay que cumplirlo. En un Estado de derecho es nuestra principal responsabilidad”, continuó con una contradicción al declarar: “Pero no quiero que vuelva a pasar que un hombre, con sentencia de haber maltratado a su pareja, tenga la custodia de sus hijos”. De hecho, de nuevo ha vuelto a posicionarse del lado de Juana Rivas al resaltar que entiende el dolor de la madre y que no hay debate en la culpabilidad de su expareja, amparándose en la sentencia del 2009.
Pero sobre lo que no ha querido Susana Díaz pronunciarse es sobre la actuación de las asesoras del Ayuntamiento de Maracena, dirigido por el también socialista, Noel López Linares. La presidenta andaluza ha evitado dar su opinión sobre los consejos que Francisca Granados dio a Rivas y por los que declarará como investigada por un presunto delito de sustracción de menores.
La realidad, aunque Susana Díaz intente esquivar la cuestión, es que la Justicia ha iniciado una investigación sobre el papel de las asesoras del Centro de la Mujer de Maracena, que subvenciona año tras año la propia Junta de Andalucía, como pueden ver en el siguiente cuadro: 275.210,27 euros en los últimos cuatro ejercicios, sin tener en cuenta las aportaciones que realice el propio Ayuntamiento.
Sólo en lo que llevamos del año 2017, los 51.211,30 euros, entregados en dos partidas, suponen un 9% más que lo transferido en el año anterior. ¿Audita la Junta de Andalucía cuál es el destino final de estas ayudas? ¿Sabe quién las gestiona? ¿Dejará de subvencionarla si la directora y la psicóloga del Centro de la Mujer de Maracena son imputadas? De momento, Susana Díaz guarda silencio, un silencio cómplice.
